ASESORES Y CONSULTORES
EN PALMA DE MALLORCA

Tres recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una del 9 de marzo y dos del 4 de mayo, contradicen el criterio de Hacienda y concluyen que los contribuyentes tienen derecho a aplicar la reducción del 30%, aunque solo en el primer pago que reciban. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda y cuyas decisiones vinculan a los inspectores, ha emitido dos recientes consultas (del 6 y del 25 de mayo) en las que desoye el criterio de los jueces y ratifica que este tipo de indemnizaciones pactadas y diferidas en el tiempo no tienen derecho a este beneficio fiscal.

La Seguridad Social resuelve de forma favorable el informe presentado por los sindicatos sectoriales sobre las altas cifras de morbimortalidad de estos trabajadores, paso previo para aprobar los coeficientes reductores que permitan a estos profesionales acceder a la jubilación anticipada por trabajo penoso. CCOO prevé que todos los informes del sector de transporte estén listos antes de agosto. Los sindicatos recuerdan que, entre 2013 y 2025, han fallecido 1.839 conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Comisión está elaborando una propuesta legislativa orientada a modificar los impuestos sobre la energía y los peajes de la red, con el objetivo primordial de reducir el coste de la factura eléctrica para los hogares y las empresas. La medida busca incentivar de manera definitiva la transición hacia tecnologías más limpias, en detrimento del carbón, el petróleo y el gas natural, cuya volatilidad sigue golpeando las finanzas de los ciudadanos europeos. La gran novedad que plantea Bruselas consiste en abandonar el modelo tradicional de gravar los combustibles por su volumen (litros o metros cúbicos) para pasar a un sistema basado en su contenido energético real (gigajulios) y en su huella ambiental.

El Gobierno ultima una aplicación que permitirá a Hacienda cruzar diariamente los datos de todas las administraciones públicas para denegar a sus deudores el cobro de pagos y subvenciones estatales, regionales o locales. El llamado punto neutro de embargos permitirá al Estado cruzar diariamente los datos de ingresos, desembolsos y deudas de todas las administraciones públicas, incluyendo la estatal, las autonómicas y locales, para evitar que alguien que arrastre una deuda con cualquiera de ellas pueda acceder al cobro de recursos del erario público como beneficiario de los pagos de otra diferente. Así consta en el borrador del Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que crea y regula el punto neutro de embargos.