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Cambio de criterio relevante para las empresas del sector inmobiliario por parte de la Dirección General de Tributos. El órgano directivo del Ministerio de Hacienda, en dos consultas del 19 de febrero, concluye que las compañías que compran a otras empresas inmuebles, solares o locales con una hipoteca deben pagar el IVA al vendedor. El órgano entiende que al cancelar la hipoteca antes o durante la operación, el inmueble se vende sin cargas y, por tanto, obliga al comprador a pagar al vendedor el IVA correspondiente por la operación. Solo se libraría de abonarlo si compra el inmueble con hipoteca y la cancela después.

Así lo ha recordado el secretario de Estado del Ministerio que ha marcado como "próximo paso" un nuevo RD que regule la vuelta de los jubilados al mercado laboral. Según el calendario establecido por el Ministerio junto a los interlocutores sociales, Seguridad Social tiene hasta el mes de junio para introducir cambios en al regulación de la jubilación flexible mediante un Real Decreto. El secretario de Estado ha defendido la jubilación flexible como una forma de "reenganchar" a las personas trabajadoras ya jubiladas al mercado de trabajo.

Cataluña triplica la recaudación de las herencias y las donaciones en una década y roza unos ingresos anuales de 1.000 millones de euros. La Comunidad recaudó en 2023, último año del que hay datos, un total de 952 millones de euros, una cifra un 220% superior a los 298 millones que ingresó diez años antes, en 2013. Tan solo la región catalana aúna el 31% de los ingresos totales que obtienen las CCAA por este impuesto, que en 2023 alcanzó los 3.072 millones de euros. La región es una de las cuatro CCAA (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) que no aplica exenciones de entre el 99% y el 100% entre las herencias y donaciones de familiares directos. Muy por detrás en recaudación queda Madrid, con 519 millones de euros.

Las empresas han comenzado a aplicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que perciben el nuevo SMI, cuya actualización fue aprobada por el Gobierno a mediados de febrero. Con carácter retroactivo para todo 2025, el salario mínimo legal se ha fijado en 16.576€ anuales distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 1.184€ mensuales. Esto representa un incremento bruto de 700€ al año respecto al mínimo anterior. Sin embargo, a diferencia de aumentos previos, esta subida no ha ido acompañada de una actualización del umbral exento de tributación en el IRPF. Los gestores administrativos explican que, dado que el nuevo SMI tiene efecto retroactivo desde enero, las retenciones aplicadas desde marzo deben ajustarse para compensar la falta de deducciones en los dos primeros meses del año.

Los autónomos que adeuden cotizaciones a la Seguridad Social e incurran en una incapacidad permanente no podrán cobrar la prestación correspondiente aunque soliciten el aplazamiento del pago y se les conceda. El TS resuelve en una sentencia que si la solicitud y concesión del aplazamiento de las cuotas es posterior a la fecha del hecho causante (en este caso, la enfermedad), incluso si la Seguridad Social accede al aplazamiento "cualquier de las cuotas satisfechas a su amparo serían ineficaces a efectos prestacionales"

Las empresas de transporte ya pueden consultar online la pérdida de puntos de sus conductores, tras más de 2 años de retraso, debido a la complejidad técnica de interconectar tecnológicamente a los diferentes organismos públicos implicados. Entre las numerosas novedades que incluyó la reforma de la Ley de Seguridad Vial que se aprobó en 2021, se incluyó esta posibilidad. FENADISMER considera muy positiva dicha medida preventiva ya que contribuirá a mejorar la seguridad vial del transporte por carretera, a la vez que eliminará la inseguridad jurídica a la que se enfrentaban anteriormente las empresas transportistas que no tenían manera de conocer en qué condiciones habilitantes se encuentran sus conductores.

Así lo establece el TS, que asienta una nueva doctrina al aclarar cómo deben interpretarse las cláusulas de revisión salariales cuando los convenios han caducado y las partes, en vez de negociar uno nuevo o durante la negociación, han decidido prorrogarlo uno o varios años más. Según el alto tribunal, si el texto establece una revisión salarial y de los distintos conceptos económicos que no está ligada a un año en concreto o a una limitación temporal, ésta debe seguir aplicándose con la prórroga del convenio. Sin embargo, si limita la revisión o subida a uno o varios ejercicios determinados, la actualización no continuará pese a la prórroga.

La Comisión Europea crea una nueva categoría de empresas: las de mediana capitalización pequeña, que serán definidas por el tamaño entre la gran empresa y la mediana y pequeña, a través de la Directiva Ómnibus. Las empresas incluidas en este grupo podrán beneficiarse de exenciones y simplificaciones normativas, similares a las que disfrutan las pymes, mediante la reducción de la carga administrativa y la mejora de su competitividad. Los umbrales específicos para esta categoría incluyen como criterios: tener entre 250 y 1.500 empleados, una facturación inferior a 1.500 millones de euros y un balance total inferior a 2.000 millones de euros.