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El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia sobre el nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por RD 1155/2024 de 19 de noviembre, y ha resuelto el recurso presentado por varias organizaciones de defensa de los derechos de las personas migrantes. El fallo estima parcialmente el recurso, anula diversos preceptos reglamentarios y confirma la validez de buena parte de la reforma impulsada por el Gobierno. La sentencia mantiene la arquitectura general del nuevo Reglamento de Extranjería, pero introduce correcciones relevantes en cuestiones relacionadas con la protección de menores, la unidad familiar, el reconocimiento de situaciones jurídicas constituidas en el extranjero, la valoración de antecedentes penales y el acceso presencial a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, confirma las nuevas restricciones introducidas en materia de arraigo para solicitantes de protección internacional, uno de los ejes centrales de la reforma.

Hasta 1,2 millones de personas estarían dispuestas a seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación, según un informe elaborado por Foment del Treball, la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales y Opina 360. Este potencial se concentra principalmente en la generación del baby boom, que forma parte de los 8,6 millones de personas activas de entre 50 y 69 años que hay actualmente en España. El estudio también identifica una importante reserva de trabajadores entre quienes ya están jubilados. En concreto, estima que alrededor de un millón de pensionistas menores de 75 años volvería al mercado laboral si pudiera compatibilizar plenamente el cobro de la pensión con un salario.

Estas firmas se dedican a gestionar un patrimonio personal o familiar en vez de realizar una actividad productiva. La Dirección General de Tributos señala que la ley "no establece limitaciones para su aplicación a las entidades patrimoniales" y, por tanto, mientras estas sociedades cumplan con los requisitos que exige la norma, podrán beneficiarse de la deducción. El organismo señala a la empresa consultante que podría aplicarla, siempre que esta reducción no exceda el 25% de su base imponible.

Mientras unos abogan por remunerarlo advirtiendo que el Gobierno ha transpuesto mal la directiva europea, otros lo rechazan a la par que reconocen que hay tribunales que instan a pagarlo. De momento, como los propios jueces admiten en sus sentencias, los trabajadores públicos son los que más beneficiados se están viendo a la hora de luchar en los tribunales la remuneración de estas semanas, aunque no todos. Sin embargo, en el ámbito de la empresa privada, es donde más lo están denegando. La diversidad de posturas sobre si el permiso parental para el cuidado de los hijos tiene o no que remunerarse apunta a que el caso acabará en el TS para que resuelva las dudas. De momento, el alto tribunal no se ha pronunciado directamente sobre la retribución de estas semanas, aunque un fallo del 26 de enero de 2026 insinuó que no sería pagado.

Esta medida inyectará un total de 402 millones de euros en subvenciones directas destinadas en exclusiva a las empresas de transporte por carretera afectadas por la escalada histórica de los precios del combustible provocada por la crisis bélica en Oriente Próximo. Una vez obtenido el aval vinculante de Bruselas, Fenadismer insta de manera formal al Ministerio de Hacienda a que active de inmediato los mecanismos de transferencia de los fondos, para lo que previsiblemente deberán adecuarse nuevos procedimientos administrativos a cumplimentar por los transportistas para poder ajustarse a las exigencias establecidas por la Comisión Europea en cuanto al límite máximo de las ayudas a percibir.

Tres recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), una del 9 de marzo y dos del 4 de mayo, contradicen el criterio de Hacienda y concluyen que los contribuyentes tienen derecho a aplicar la reducción del 30%, aunque solo en el primer pago que reciban. La Dirección General de Tributos (DGT), órgano directivo del Ministerio de Hacienda y cuyas decisiones vinculan a los inspectores, ha emitido dos recientes consultas (del 6 y del 25 de mayo) en las que desoye el criterio de los jueces y ratifica que este tipo de indemnizaciones pactadas y diferidas en el tiempo no tienen derecho a este beneficio fiscal.

La Seguridad Social resuelve de forma favorable el informe presentado por los sindicatos sectoriales sobre las altas cifras de morbimortalidad de estos trabajadores, paso previo para aprobar los coeficientes reductores que permitan a estos profesionales acceder a la jubilación anticipada por trabajo penoso. CCOO prevé que todos los informes del sector de transporte estén listos antes de agosto. Los sindicatos recuerdan que, entre 2013 y 2025, han fallecido 1.839 conductoras y conductores profesionales, de los cuales dos terceras partes tenían más de 55 años.

La Comisión está elaborando una propuesta legislativa orientada a modificar los impuestos sobre la energía y los peajes de la red, con el objetivo primordial de reducir el coste de la factura eléctrica para los hogares y las empresas. La medida busca incentivar de manera definitiva la transición hacia tecnologías más limpias, en detrimento del carbón, el petróleo y el gas natural, cuya volatilidad sigue golpeando las finanzas de los ciudadanos europeos. La gran novedad que plantea Bruselas consiste en abandonar el modelo tradicional de gravar los combustibles por su volumen (litros o metros cúbicos) para pasar a un sistema basado en su contenido energético real (gigajulios) y en su huella ambiental.