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EN PALMA DE MALLORCA

A partir de ayer, 2 de agosto, la Comisión Europea comienza a aplicar las primeras obligaciones de transparencia previstas en el Reglamento de inteligencia artificial, un conjunto de medidas que obligará a identificar cuándo un usuario interactúa con un sistema de IA y cuándo un contenido ha sido "generado o alterado" mediante esta tecnología. Entre las obligaciones que comienzan a exigirse figura la identificación de los chatbots y otros sistemas de inteligencia artificial, que deberán informar al usuario de que está interactuando con una IA y no con una persona. También deberán etiquetarse los contenidos creados o alterados mediante IA, incluidos los denominados deepfakes, que además deberán incorporar marcas legibles por máquina para facilitar su detección.

La inflación anual estimada del IPC en julio de 2026 es del 3,5%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría que la tasa anual aumenta tres décimas. En este comportamiento influyen las subidas de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales y de la electricidad, mayores que en julio del año pasado. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) aumenta una décima, hasta el 3,0%.

La Directiva (UE) 2026/799, en vigor desde el pasado abril, fija por primera vez un marco común para el pre-pack concursal, la venta de compañías en dificultades financieras que se negocia con el comprador antes de llegar al juzgado para preservar el valor del negocio. España, como el resto de Estados miembros, deberá transponer la norma antes del 22 de enero de 2029, una oportunidad para acelerar el 'M&A distressed' y pulir aspectos de la reforma concursal que entró en vigor hace casi cuatro años.

La Dirección General de Tributos, órgano directivo del Ministerio de Hacienda, deja entrever en una reciente consulta que estos contribuyentes tendrán que constituir la empresa antes de su llegada al país. La Agencia Tributaria ha incrementado los controles a los acogidos a la Ley Beckham y deniega de forma casi automática este régimen fiscal a los administradores de nuevas empresas basándose exclusivamente en que la sociedad no estaba constituida en el momento exacto del desplazamiento a España. Ahora, Tributos viene a confirmar este extremo en su consulta del 21 de mayo. El órgano responde a la consulta de un ciudadano residente en Bélgica.